Desde hace algún tiempo se pueden observar algunos intentos de sacar adelante iniciativas legales que, en mi opinión, significan una “retorsión” de la norma para justificar un tipo de políticas, cuya supuesta orientación social, encierra un ataque contra algunos principios fundamentales de nuestro sistema. En este caso, me refiero a uno muy en concreto, el derecho a la propiedad privada, sobre el que ya realicé una reflexión en otro artículo que ahora quiero continuar.
El Artículo 33 de la Constitución Española, en su punto 1, reconoce “el derecho a la propiedad privada y la herencia”, y en su punto 3, establece que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”.
La Constitución está clara pero la realidad no tanto. Se entiende que el Estado haga uso de la “expropiación” para atender a la realización de un bien social relevante, y como tal me refiero a aquellos que tienen como objetivo un beneficio de la sociedad en general. Pongamos, por ejemplo, la construcción de una autovía, de la que después se beneficiará la generalidad de los ciudadanos.
Cuando se traza el recorrido de una autovía o carretera se hace en base a criterios técnicos que establecen el mejor trazado, la mayor seguridad, la economía de gasto, la menor distancia, etc. Este trazado se desarrollará por un entorno geográfico determinado que discurrirá por terrenos públicos y privados, irremediablemente. Los terrenos privados deberán ser expropiados ya que si se intentase llegar a un acuerdo con cada propietario la obra no se realizaría probablemente nunca. Por supuesto estas expropiaciones se llevan a cabo atendiendo a lo establecido en la legislación vigente y con la correspondiente indemnización al propietario del bien. Y hasta aquí podemos estar todos más o menos de acuerdo en el reconocimiento de que el objetivo es la construcción de un bien común y que el Estado no dispone de otra alternativa.
La cantidad económica que se abona al propietario se establece con un cálculo que se denomina el “justiprecio”, aunque aquí ya pueden comenzar a surgir dudas porque realmente no existe nada más injusto que el justiprecio. ¿Por qué afirmo esto?. Pues porque el ciudadano que ha comprado una propiedad, trabajando con el sudor de su frente, pagándola a precio de mercado y ha afrontado el pago de todos los impuestos que le corresponde pagar por ser el propietario de esta, en estos casos, la pierde y recibe siempre un precio mucho más bajo que el que obtendría si procediese a su venta libremente. Esto es, a todas luces, injusto, pero vuelvo a incidir en que el beneficio que obtiene la sociedad es muy grande.
Del mismo modo que la política de infraestructuras es de vital importancia para la modernización de un país, su desarrollo y crecimiento económico, las políticas sociales son también muy importantes para la sociedad. En todas las sociedades existe una parte de la población en situación de precariedad, y se debe procurar que sea la mínima posible porque la anulación total es un sueño inalcanzable. Afirmo que es necesario minimizar esta parte de la población y que el motivo debe ser la humanidad, que no existan seres humanos viviendo en condiciones insalubres e inhumanas.
Hasta aquí me imagino que todos estaremos de acuerdo en el fondo de la cuestión, la necesidad de impulsar acciones de ayuda a una parte de la población que las necesita. Y estas acciones no tienen ideología, porque la humanidad no tiene ideología ni pertenece a ningún bando político,
la humanidad no es de izquierdas o derechas, es humanidad. Y cuando un bando político se apropia de estos asuntos olvida que se llevan a cabo con los recursos económicos aportados por los impuestos que pagan los de su ideología y los de la contraria.
Pero fíjense que hemos hecho referencia a la recepción solamente por una parte de la población, no por la generalidad, y esto podría llevarnos a pensar que entonces las políticas sociales no cubren el interés general de la sociedad y solamente afectan a una parte de ella. Sería un error pensar así. Si nuestras sociedades no intentan disminuir este porcentaje de población, y se produce un crecimiento de esta, nos toparemos con una situación en la que una parte de la sociedad vive plácidamente mientras la otra, cada vez más grande, malvive o sobrevive como puede. Esta situación es siempre la antesala de enfrentamiento social y destrucción y, por consiguiente, si afecta al interés general de la sociedad.
Otra cuestión imprescindible es que exista un control al respecto. Todo lo que se otorga de este modo es una “golosina” para algunos individuos dispuestos a aprovecharse de la circunstancia, a aplicar esa famosa “picaresca española”, término con el que encubrimos otros como caradura, sinvergonzonería, aprovechamiento, descaro y muchos otros que podríamos incluir en el listado. Es por tanto imprescindible un control exhaustivo de este tipo de acciones para que su objetivo sea real, la justicia, que lo reciban aquellos que verdaderamente lo necesitan. ¿Se cumple esto?. Pues sinceramente creo que no, creo que no se ejerce el control necesario y que existen muchos casos en los que esas ayudas llegan no precisamente a las personas que más lo necesitan.
Si pensamos que en España se calcula que la economía sumergida está en torno a un 24,5 % del PIB, estaremos ante la siguiente realidad: un 25 % de la población recibe recursos económicos que no declara, que en ocasiones pueden ser mucho más altos de aquellos ciudadanos que trabajan y declaran todas sus actividades, y este porcentaje de ciudadanos, oficialmente, pueden ser receptores de ayudas sociales por su “supuesta situación de vulnerabilidad”. El círculo vicioso tiene un efecto tremendo, este porcentaje de población recibe ingresos, no paga sus impuestos, pero si recibe ayudas de los impuestos pagados por los demás. La prostitución del sistema. A la vista de lo que todos observamos en el día a día de esta “España nuestra”, uno de los objetivos prioritarios del Estado, para recaudar impuestos para las políticas sociales debería ser, como ya hemos indicado el control, la persecución del fraude, que mataría dos pájaros de un tiro: recaudaríamos más impuestos y nos ahorraríamos las ayudas mal adjudicadas.
Permítanme hacer un inciso en cuanto a los sistemas de control. Las diferentes administraciones del Estado requieren, habitualmente, cuando hablamos de control, al Ministerio de Hacienda, es decir, al control de tipo económico, que se demuestra francamente ineficaz, entre otros motivos por la falta de medios para llevar a cabo estas acciones. Como profesional de la inteligencia y como titulado universitario en investigación privada me gustaría aportar una idea a las autoridades, solamente por si la necesitan. Las instituciones públicas no realizan habitualmente la contratación de servicios privados de inteligencia o investigación para el control de este tipo de actividades. Les aporto un dato, el precio del servicio de un detective por aportar pruebas en los casos de fraude es siempre mucho menor que la cuantía del fraude. El precio, además, es un pago único con el que se evita la “continuidad” de la acción fraudulenta.
El problema es que todo lo que rodea a las políticas sociales está politizado, más aún, ideologizado, como tantos otros aspectos, con lo que no se obedece a criterios reales de necesidad sino a criterios de interés político de unos u otros partidos, a intereses electorales o de captación de voto. ¿Y que ocurre cuando estas políticas sociales tienen como objetivo la vivienda?. Pues que, tal y como decía un ex compañero de profesión cuando nos acercábamos a un terreno complicado, “nos adentramos en un terreno pantanoso”. Y adentrarse en terrenos pantanosos implica que al final unos y otros saquen a pasear todo su potencial de propaganda y nos confundan, nos desinformen, de tal manera que no lleguemos a una conclusión clara o mínimamente acertada.
Yo voy a intentar llegar a una conclusión objetiva, fuera de sesgos políticos o ideológicos, intentando hacer uso del pensamiento crítico. Para ello me voy a apoyar como ejemplo en una norma aprobada por el Gobierno Balear en el año 2019, resaltando algunas cuestiones de esta.
En el año 2019, dentro de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, se recogió la “Cesión obligatoria de uso”, regulada por el Decreto 36/2019, de 10 de mayo, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de 11.05.2019. De acuerdo con este Decreto el Gobierno Autonómico dispone de autorización para “rescatar inmuebles del mercado especulativo y ponerlos en mano de residentes del archipiélago”. Esa ley define como tenedores del mercado especulativo a las “personas físicas o jurídicas que disponen de la propiedad de diez o más viviendas”. En la misma norma se establece como vivienda desocupada la que lleva dos o más años sin habitar. Y en base a todo ello la Administración puede expropiar estas viviendas temporalmente, por un período de siete años, pagando una indemnización al propietario del inmueble que, por supuesto, estará basada en ese justiprecio que no tiene nada de justo. Además, la norma establece que “el propietario será el encargado de acometer las obras de conservación, mantenimiento y reparación del inmueble para entregarlo en las condiciones de habitabilidad adecuadas”.
Pero analicemos con más detalle el contenido de algunos de los artículos del Decreto.
Artículo 15.
Requisitos: Para la cesión de las viviendas a que se refiere el artículo anterior, se verificarán las siguientes circunstancias objetivas;
- Cuando haya una necesidad objetiva de vivienda o haya dificultades de acceso a la misma por parte de la ciudadanía, anteponiendo el interés público general al particular del gran tenedor, hecho que se entenderá acreditado siempre que haya personas inscritas en el Registro público de demandantes de viviendas protegidas del IBAVI cuyas peticiones no se puedan atender con el parque de vivienda pública disponible.
Es la Administración la que determina la necesidad y la imposibilidad de atender la misma con vivienda pública. En este argumento, por supuesto, la Administración se olvida de incluir las innumerables propiedades que posee y que están en desuso o abandono, y que no contabilizan como elementos a utilizar. Les pongo un ejemplo claro, pero seguro que ustedes conocerán muchos más, en la ciudad de Vigo la Xunta de Galicia es la propietaria de los terrenos e inmuebles que pertenecían a la Armada Española y constituían la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA). Estas instalaciones fueron cedidas en el año 2002 por el Ministerio de Defensa, en perfecto estado de funcionamiento. Hoy, casi veinte años después, se encuentran en estado de abandono y ruina, después de múltiples desacuerdos entre las diferentes administraciones locales y autonómicas y durante todo este tiempo no se le ha dado uso alguno, ni social ni de ningún tipo.
Artículo 17.
- Con el fin de justificar el justiprecio, en caso de discrepancias en su determinación, se crea el Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas como órgano administrativo, sin personalidad jurídica y compuesto por juristas, arquitectos y arquitectos técnicos.
- Una vez establecido el justiprecio, se realizará su abono mediante una transferencia bancaria en la cuenta del titular de la vivienda por el importe total de los años establecidos por la cesión y en un único pago.
Es curioso que siempre se establezca el mismo criterio, la administración es juez y parte en los procesos que la implican. Resulta que establece un “imparcial jurado” que nombra ella misma. ¿No sería más lógico e imparcial que este órgano fuese ajeno a la administración que es una de las partes interesadas?. ¿Cómo alguien va a creer en la imparcialidad cuando la administración continuamente fomenta la parcialidad?.
Artículo 27.
- Irán a cargo del titular de la vivienda los siguientes gastos.
- Las obras de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda que sean necesarias para cederla en condiciones de habitabilidad de acuerdo con la normativa vigente. En todo caso, el IBAVI podrá, de forma subsidiaria, llevar a cabo estas obras y repercutir su coste en el justiprecio que se determine para la cesión.
Esto ya es el colmo. Expropiación forzosa de un bien, jurado con dudas de imparcialidad y además asumir los gastos de habitabilidad, pero si se decide no asumirlos no pasa nada, los acomete la Administración, los valora ella misma y los repercute sobre el justiprecio. Ya veremos si a algunos no les toca ceder el uso de la vivienda y en vez de cobrar tienen que pagar.
La realidad que subyace es que cuando uno genera un negocio privado, se juega su capital y su trabajo, paga sus impuestos y decide invertir parte de lo ganado en la adquisición de inmuebles, legítima inversión, asume tantos riesgos como que llegue la administración y le expropie para fines sociales, que llegue un okupa y se meta en ella y no lo pueda expulsar de su propiedad, que cuando la desocupen se encuentre una vivienda destrozada y tenga que repararla, que la alquile y el inquilino decida no pagarle. Se convierte este modo de inversión en una operación de alto riesgo ya que muchas instituciones están inmersas en una guerra contra la propiedad privada.
El problema es que la propiedad privada es un elemento fundamental de nuestro sistema económico y no se puede atentar contra ella porque atentamos directamente contra las estructuras que sustentan todo lo demás. Si atacamos la actividad privada debemos atender a que atacamos al sector productivo, al que produce todos los recursos de los que se alimenta el sector público y sin esos recursos no existe política social alguna.
Si lo que queremos es establecer un método de “justicia social” por la vía del “ajusticiamiento del sector privado”, por qué consideramos que es injusto que uno tenga 10 pisos y no 10 coches o 10 yates o 10 televisores o 10 terrenos. Arremetamos contra todos los que tienen para que repartan y todos tengamos algo, pongamos en práctica el sistema “Hugo Chávez” y que el criterio sea “exprópiese”. Y, por supuesto, establezcamos unos metros cuadrados por habitante y un tipo de edificación fija, y nada de jardines o piscina.
La verdad es que si uno no se lo toma así pierde la paciencia y la educación, porque la deriva que están tomando algunas cuestiones es francamente preocupante. Señores, dejen de atacar al sector privado que todo lo que ustedes legislan y pueden llevar a cabo lo hacen por las aportaciones de las empresas y autónomos de este país, por el sector de los que arriesgan y no duermen y tienen múltiples motivos para arruinarse todos los días a los que tienen que sumar la caradura de algunos dirigentes.
Y, por último, no se dejen engañar por las cifras. Cuando se pone el límite en diez viviendas parece que todos pensamos que a nosotros no nos afectará, porque no tenemos diez viviendas. Les recuerdo lo siguiente:
«Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada». (Martin Niëmoler).
CEO en High Strategies Intelligence Consulting