El mundo estaba inmerso en una gran revolución tecnológica, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, que ha modificado sustancialmente todo nuestro entorno. Si a esto sumamos la globalización, la crisis económica y ahora la pandemia, nos encontramos ante un futuro que se nos presenta con negros nubarrones.
Durante la primera ola de la pandemia, porque parece que ya estamos inmersos en el inicio de la segunda, en nuestro país, desde nuestros balcones, aplaudimos a los sanitarios, a los policías, a los militares y a otros colectivos, todos ellos merecedores de este reconocimiento y de muchos más. Pero nadie ha aplaudido, o siquiera nos hemos acordado de un colectivo profesional que ha estado ahí, al “pie del cañón”, sin descanso, velando por nuestra seguridad y poniendo en riesgo su salud. Me refiero al colectivo de la Seguridad Privada.
Los vigilantes, esos señores que vemos en Renfe, en los aeropuertos, en los centros comerciales, en organismos públicos y en tantos otros lugares, colaboran en una labor fundamental que es proveernos de seguridad para que podamos vivir sin sobresaltos, con tranquilidad, componentes todos ellos de nuestra libertad. Sin seguridad no hay libertad, impera la ley del más fuerte y si no fijémonos en los países donde la seguridad es precaria. Pero su labor será aún más importante en los albores de una crisis económica sin precedentes que producirá, sin duda alguna, una elevación de la conflictividad social y de la inseguridad.
Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos. Y esto no lo afirmo yo, es lo que se refleja en el Preámbulo de nuestra Ley de Seguridad Privada, que considera la misma como vital para nuestra sociedad.
Entendiendo la importancia de la seguridad privada, podemos realizar un ejercicio de análisis para entender cómo se lleva a cabo y si los profesionales que la ejecutan lo hacen dotados adecuadamente. Podemos para ello comenzar por el lenguaje, porque nuestras expresiones son la fiel representación de nuestros pensamientos. Atendiendo a ello, deberíamos entre todos, desterrar ese despectivo término de “segurata”, tan ampliamente difundido. Este no es un término cariñoso, ni alagador, es un término que encierra un cierto desprecio por los profesionales que llevan a cabo estas tareas. Nuestros vigilantes no son seguratas, son profesionales de la seguridad privada y se merecen el mismo respeto que cualquier otro profesional. Este respeto es muy importante porque uno respetamos todo aquello que reconocemos como útil y criticamos o caricaturizamos aquello que no nos parece serio o importante.
Entre los que no respetan la labor de los miembros de la seguridad privada es fácil escuchar argumentos como que carecen de una preparación adecuada. Esto es literalmente falso. En nuestro país se conceden las licencias profesionales, que habilitan para el ejercicio de la profesión, después de superar los cursos establecidos por ley. Es cierto que la mejora en la preparación debe ser un objetivo constante y mejorar la misma es un elemento que produce de inmediato una mayor dignificación de la profesión, pero también lo es que la mejor cualificación debe ir acompañada de una mejor remuneración y esto, lamentablemente, si que no es así.
La mayor parte de los profesionales de la seguridad privada reciben sueldos francamente mejorables que sólo se ven incrementados con la realización de jornadas maratonianas. Y esto no es el resultado de que las empresas de seguridad paguen bien o mal, sino de que las empresas contratantes tienen una valoración de la seguridad como un gasto y no como un beneficio. Esta cultura, ampliamente difundida entre las empresas de nuestro país, hace que se contraten los servicios de seguridad privada al mínimo precio posible, cuestión de origen legítima pero que pierde la legitimidad cuando esto se produce a costa de disminuir los estándares de seguridad a niveles inconcebibles. Y con esta cultura instalada en nuestros genes empresariales, es difícil pagar bien a los profesionales de la seguridad.
Otra cuestión importante, que redunda en la seguridad de los propios profesionales y en la calidad del servicio que llevan a cabo, es la permanente sensación de indefensión, la sensación del “vigilante vigilado”. En todos los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se reproducen a diario vídeos en los que se pueden observar errores o acciones reprobables de algunos profesionales de la seguridad privada. Es cierto que algunas se producen, pero también lo es que son absolutamente minoritarias y que es injusto que la actividad de unos pocos empañe la labor ejemplar de todo un colectivo. Hace un tiempo me envió un colega de Brasil un vídeo curioso, que refleja esta situación de la que hablamos. Dos vigilantes de seguridad intentan reducir a un individuo en el metro, bajo los efectos aparentes del consumo de sustancias psicotrópicas o con algún problema mental. Una señora, junto con su hija, se pone inmediatamente a grabar la detención y a solicitar a gritos que no le hagan daño, que le suelten. En el forcejeo el individuo logra zafarse de los vigilantes y en su huida se lleva por delante a la hija de la señora que inmediatamente cambia de discurso para solicitar que atiendan a su hija que está herida y que le detengan. Inmediatamente uno de los vigilantes procede a atenderla y el otro sale en busca del agresor. ¡¡¡Cuánto ganaríamos si a veces procediéramos a pensar antes de hacer y a reflexionar antes de gritar!!!.
Siguiendo con nuestra reflexión podemos afirmar que existen varias cuestiones que provocan que estas situaciones ocurran. Por una parte, nuestros vigilantes actúan en muchas ocasiones como primera barrera ante el delincuente o infractor, pero no son identificados como “agentes de la autoridad”, debiendo sin embargo, tal y como establece la Ley de Seguridad Privada, en su artículo 32, punto 1, apartado d: “En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometen infracciones administrativas”. Y esto se cumple a rajatabla. Uno o dos vigilantes de seguridad privada, armados con una defensa (porra) que no utilizan por miedo a ser denunciados, unos guantes anticorte comprados por ellos mismos, unos grilletes y un walkie talkie, reducen al delincuente y cuando se personan los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o las policías autonómicas, pertrechados con guantes anticorte, uniforme con protecciones, chaleco antibalas, grilletes, comunicación con su base y una pistola de 9 mm parabellum, proceden a entregárselo. ¿Observan ustedes alguna diferencia?.
Por otro lado, es cierto que en algunas actuaciones ejecutadas por miembros de seguridad privada se observa la aplicación de técnicas de reducción e inmovilización no muy depuradas o poco entrenadas. Esto índice directamente en la posibilidad de herir o lesionar al detenido o en la de lesionarnos nosotros mismos. Es necesario por tanto una mejor preparación y un mayor entrenamiento en la ejecución de estas técnicas para evitar daños innecesarios e imágenes que se conviertan en las redes en el “espectáculo de turno” para perjudicar la imagen de todo el colectivo de la seguridad privada. Pero también debemos tener en cuenta que el profesional de la seguridad privada, en innumerables ocasiones, no se emplea a fondo por temor a ser grabado, a ser denunciado por detención ilegal o a sufrir las iras del detenido o sus acompañantes. Son numerosos los casos de compañeros que han sufrido agresiones brutales y en el vértice contrario, cuando se emplean a fondo y son denunciados, por artimañas de abogados sin escrúpulos y de una ley insuficiente, se encuentran en situación de desamparo y finalizan despedidos de su puesto de trabajo. Evidentemente, con una situación así cualquiera se mide mucho para actuar.
Al final resulta que tenemos unos profesionales que no disponen de los medios adecuados, que llevan a cabo sus labores al amparo de una ley insuficiente que les produce inseguridad jurídica, que no están bien pagados y, a pesar de ello, nunca dejan de cumplir con su trabajo, aportándonos seguridad y tranquilidad a todos y prestando un apoyo a las FCSE de incalculable valor. Esto no se qué premio se merece, no se si se merece un aplauso o no, pero lo que si se es que se merece el respeto y que intentemos pagarle su abnegación con un poco de cariño y reconocimiento.
Jorge Gómez Pena
CEO de HSI Consulting
Director y Jefe de Seguridad
Detective Privado
Oficial del Cuerpo General de la Armada en la Reserva